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Autor: Oscar

¿Quién o qué recorta el Trasvase?

En el momento de redactar esta columna el Consejo de Ministros estará aprobando el decreto que recoge los Planes Hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027, que incorporan por primera vez la determinación de caudales ecológicos en los ríos, incluido el Tajo, requisito obligatorio, sin embargo, desde el primer ciclo de planificación hidrológica 2009-2015 como prescribe la ley de Aguas desde 2005. Cinco sentencias del Supremo en 2019 han venido a poner, no obstante, los puntos sobre las íes.

Esto ha tensionado más, si cabe, la pugna por el agua entre el Sindicato de Regantes (SCRATS) y su acólito, el Gobierno regional de Murcia, por una parte, y el gobierno de Castilla-La Mancha y las asociaciones de pueblos ribereños del Tajo por otra y, como en todas las polémicas, se pierde de vista la perspectiva general.

En este sentido, la cuestión principal es que las aportaciones anuales en la cabecera del Tajo han disminuido un 54% en los últimos cuarenta años, coincidiendo con los años de explotación del Trasvase, pasando de 30.881 hm3 entre 1959-79 a 14.208 hm3 en el periodo 1.999-2.019 y, probablemente, seguirán disminuyendo en un escenario de cambio climático con mayores y más prolongadas sequías.

De hecho, la gráfica sigue aportando una línea descendente que en los últimos veinte años ha disminuido un 10,1%

Esta realidad se impone por encima de las medidas legislativas, a las que determina y condiciona, haciendo inútiles en el medio plazo las polémicas políticas e interesadas.

Así que la cuestión central no es si la ministra Ribera recorta o no el Trasvase con sus medidas, en realidad, la reforma de las reglas de explotación en julio de 2021 ha evitado que los trasvases se cerrasen durante meses a la vista de las aportaciones producidas y de las reservas existentes en la cabecera del Tajo en el año hidrológico 2021/22.

Por otra parte, ha sido tradicionalmente el PP el que ha establecido medidas para recortar la supuesta agua excedentaria que alimenta el acueducto, (mínimo no trasvasable de 240 hm3 de las reservas en cabecera, su elevación posterior a 400 hm3 y el incremento del límite entre los niveles 3 y 2 de las reservas).

El reto está en pensar en el modelo de agricultura del futuro, más ecológica, generadora de trabajo digno, ajustada a la disponibilidad de recursos y menos sometida a las reglas del mercado y a las exigencias del gran capital.

Nuevo Gobierno, viejas políticas

Nuevas caras para más de lo mismo y alguna otra que pasa a la sala de espera aguardando el final de la legislatura, eso sí, en sillón de consejera; así es el nuevo Gobierno que López Miras ha propuesto para cuatro meses que restan de legislatura: un Gobierno interino con una imagen ‘renovada’ de cara al 28 de mayo. Sin embargo, nada de esto puede disimular el pobre balance que como presidente regional acumula López Miras.

Víctor Marín no va a cambiar el resultado ni a variar el rumbo de la política educativa que LM ha impulsado desde que es presidente y que le sitúan como el que más ha promovido el avance de la privatización del sistema educativo regional; su balance se resume en dos centros públicos menos y quince concertados nuevos, un incremento del 8,8% del alumnado concertado frente al 1,55% en la enseñanza pública y un aumento en el presupuesto de conciertos del 31% elevándolo hasta los 304,4 millones, mientras apenas ha ejecutado el 41% de las inversiones previstas en infraestructuras educativas públicas, además de mantener el retroceso de las condiciones laborales del profesorado producido en 2012.

Tampoco Juan María Vázquez va a hacer olvidar la nefasta gestión ambiental del anterior consejero en la materia, Antonio Luengo, centrada en la recuperación del Mar Menor con la enseña de una Dirección General del mismo nombre que solo ha ejecutado el 41,3% del presupuesto asignado en sus cinco años de existencia y que presenta un plan de inversiones en los presupuestos regionales plagados de proyectos que nada tienen que ver con dicho objetivo; desde aparcamientos disuasorios a mejora de carreteras o edificios multiusos, por poner solo algunos ejemplos.

Ni la nueva consejera de Política Social, Conchita Ruiz Caballero, va a mejorar en estos meses la penúltima posición que ocupa la Región de Murcia, en el conjunto de las CCAA, en el índice de desarrollo de los Servicios Sociales según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, bajando del puesto 15 de 2018 al 16 en 2021, gracias a las políticas desarrolladas por la anterior consejera y amparadas por LM.

Como tampoco va a cambiar ya nadie la imagen inédita de un Gobierno regional en alianza con la extrema derecha e integrado por expulsados y tránsfugas que degradó la democracia en nuestra región a niveles insólitos para salvar el pellejo del presidente.

Caudales ecológicos, una lucha de poder

Hoy se concentra en Madrid el lobby del agua y la agroindustria intensiva en protesta por la implantación de caudales ecológicos en el Tajo que restarán, según ellos, la capacidad de trasvase al Segura. No obstante, desde 2005 los caudales ecológicos son contenido obligatorio de los Planes Hidrológicos de cuenca según la Ley de Aguas y, además, «deben considerarse como una restricción que se impone a los sistemas de explotación» (Art. 42.1.b.c’ y 59.7). Anteriormente también la Directiva Marco del Agua estableció los caudales como un criterio referente para alcanzar los objetivos ambientales referidos al buen estado químico y biológico de las de las masas de agua superficiales (Anexo V 1.1.1.).

Por todo ello, debían incorporarse a todos los Planes de cuenca desde el primer ciclo de planificación (2009-2015), tal como ocurrió en el primer borrador del Plan Hidrológico del Tajo que incluía la propuesta de un caudal ecológico de 10,86 m3/seg en Aranjuez, de 14,1 m3/seg en Toledo y de 15,92 m3/seg en Toledo, como resultado del correspondiente estudio técnico, no como la arbitraria decisión de establecer un caudal mínimo circulante (que no ecológico) de 6 m3/seg en Aranjuez recogida en la ley del régimen económico de la explotación del Trasvase T-S (1980).

No obstante, ninguna propuesta final se incorporó al documento del PHT, aprobado en 2014, para el periodo 2009-15 ni tampoco al aprobado en 2016 para el periodo de 2015-21. El PP metió este tema en un cajón y en su lugar impulsó la aprobación de las Reglas de Explotación del acueducto (2014) que elevaron las reservas no trasvasables en cabecera a 400 hm3, así como el límite entre los niveles 2 y 3 que también recortaban la disponibilidad de agua trasvasable; el propio Ramón Luis Valcárcel explicó en sede parlamentaria que se dedicó a ‘tumbar’ esta medida porque «era una medida letal» (Diario de Sesiones ARM 17-04-2013).

Sin embargo, en 2019 cinco sentencias del Tribunal Supremo anularon diferentes artículos del PHT recordando a la Administración la obligación de incorporar los caudales ecológicos en los Planes Hidrológicos de cuenca rescatándolos del olvido intencionado.

Pero el verdadero fondo de este asunto, y otros relacionados con el Trasvase Tajo-Segura, es el de una lucha de poder por el dominio de los recursos naturales (agua y tierra) para seguir explotando el actual modelo agroindustrial intensivo por encima de cualquier limitación, sobre todo, las de tipo ambiental y ecológico.

Fuente: laopiniondemurcia.es

Dos noticias que cerraron 2022.

Dos noticias que cerraron el 2022

Dos noticias, en mi opinión, relevantes cerraron el año. La primera es la sentencia del Tribunal Supremo confirmando la retirada del nombre del general Cabanillas del callejero de Madrid avalando así el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la eliminación de vestigios franquistas del callejero de nuestras ciudades.

La calle del que fuera jefe de la casa militar del dictador y protagonista destacado en la toma de Badajoz fue sustituido en 2017 por la de Ángela Figuera, la poeta española, junto con Carmen Conde, más importante de la segunda mitad del siglo XX, que tuvo, además, una breve relación con nuestra Región ejerciendo en 1938 como catedrática de Lengua y Literatura en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia.

Esta sentencia junto con la aplicación del artículo 35.3 de la recién aprobada ley de Memoria Democrática abría la puerta a que 2023 sea el año de la eliminación definitiva de los vestigios franquistas que todavía se exhiben en numerosos lugares de muchos de nuestros municipios por dejadez y falta de decisión de algunos responsables políticos.

Debería tomar buena nota López Miras empeñado en unir el nombre del Aeropuerto de la Región de Murcia al de Juan de la Cierva, colaborador significativo en el apoyo a la trama golpista que se sublevó contra el Gobierno legítimo de la II República; que fuera un genial inventor no obvia ni diluye lo anterior.

La segunda es la denuncia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales de que algunas CCAA han retraído su presupuesto destinado a la Renta Básica de Inserción en 2021 tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital, siendo la Región de Murcia una de las destacadas con una disminución del 40,3% del presupuesto (10,8 millones ejecutado sobre 18,1 presupuestado) y del 54% en el número de perceptores, frente al 13% y 19% de media estatal respectivamente, cuando la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) aumento en cuatro puntos en nuestra Región en ese año llegando al 33,8%, la cuarta mayor del país.

Que López Miras aproveche los fondos estatales para racanear el presupuesto regional de ayudas sociales no es novedoso, sigan la pista a las partidas de Igualdad y lucha contra la Violencia de Género, por ejemplo.

En fin, estas y otras cuestiones habrían aportado algún contenido a su insulso mensaje de fin de año.

Fuente:laopiniondemurcia.es

Presupuestos regionales: maltrato a los ayuntamientos

La Asamblea Regional aprobará mañana los Presupuestos Generales de la CARM para 2023 con el
apoyo de tránsfugas, expulsados y la previsible abstención de Vox y de ambos diputados de Cs.
Entre las muchas deficiencias que traen estos Presupuestos, además del incremento de la
financiación concertada del Sistema Educativo (+10%), la congelación del recorte de la Renta
Básica de Inserción y de las ayudas a la Dependencia o su escasa credibilidad por la tradición en la
inejecución de inversiones (-50%), se repite por enésima vez la falta de financiación a los
Ayuntamientos de la Región, incumpliendo, una vez más, el artículo 142 de la CE que mandata su
participación en los tributos de las CCAA.
Todas las CCAA uniprovinciales, excepto Murcia, disponen de normativas que regulan esta
participación, de una u otra forma, en los presupuestos autonómicos; desde el Fondo de
Cooperación Municipal de Cantabria, de carácter indeterminado, al Fondo de Transferencias
Corrientes de Navarra pasando por el Plan de Inversiones Territoriales de Madrid, por poner solo
algunos ejemplos.
En el caso de nuestra Región, las ayudas se concretan casi siempre a través de subvenciones
directas o subvenciones en régimen competitivo sometidas a la arbitrariedad presupuestaria del
Así, por ejemplo, ocurre con el Plan de Cooperación Local, programa
destinado al mantenimiento de las infraestructuras y el equipamiento local y que constituye la
partida más sustancial, junto con la financiación de las patrullas de seguridad ciudadana, de las
transferencias a los municipios. Este Programa, que llegó a estar dotado en el conjunto de sus
diferentes partidas presupuestarias con 54M de euros en 2009-2010 y 45,6M en 2011,
prácticamente se eliminó con los recortes presupuestarios de 2012, reduciéndose en 2013 a un
presupuesto inicial de 16.000 euros y una ejecución final de 1,2M, produciéndose, además, la
desaparición total del Plan de Obras y Servicios, principal partida presupuestaria de este Programa.
Tras una tímida recuperación a partir de 2015, que nada tenía que ver ya con los presupuestos
anteriores a 2012, López Miras ha congelado durante sus seis presupuestos los 10,9 millones
destinados al Plan de Cooperación Local, al igual que ha recortado en un 36,4% la financiación de
las patrullas de policía local, a pesar de que el Sistema de Financiación Provincial, que en otras
CCAA administran las Diputaciones con destino a los municipios, dispone para la Región de
Murcia 296 millones.
¿Hasta cuándo, Fernando

Hoy más que nunca: a Madrid por Chinchilla

Me uno a la celebración a medias que Joaquín Contreras y la Plataforma Pro Soterramiento han expresado sobre la llegada de la Velocidad Alta ferroviaria a la ciudad de Murcia: no es este el tren que necesitaba la Región; para los vecinos/as del Altiplano, del Noroeste o incluso de Cieza, por ejemplo, sigue siendo más económico, rápido y con más posibilidades ir hasta Albacete para coger el AVE.

Efectivamente, si éste hubiera llegado por la línea Cartagena-Chinchilla-Albacete no solo habría más municipios beneficiados de esta nueva infraestructura, sino que las ventajas que aportaría serían mayores. Entre ellas modernizar y ampliar la red de cercanías y media distancia con doble vía electrificada en torno a un eje de comunicación histórico que reforzaría, de manera más eficaz, la cohesión del territorio regional. Piénsese que 4,8 millones de viajeros se movieron en ‘cercanías’ en 2008 y en 2019 todavía lo hicieron 3,3 millones, a pesar de contar con la peor red de cercanías del país en competencia con Extremadura. Piénsese también en las posibilidades de una red ferroviaria de media distancia con Murcia como epicentro que alcanzara hasta Valencia, Alicante, Albacete, Almería y Granada. Pero no, ni Valcárcel ni Bono ni Gallardón ni Zaplana ni Cascos pensaron en ello en 2001 o, simplemente, no les importó. Vertebración del territorio le llaman.

Los fastos inaugurales y propagandísticos de estos días no deben hacernos decaer en la reivindicación de esta línea ferroviaria, hoy a la baja en el tráfico de viajeros por las obras del AVE Murcia-Almería con el que comparte trayecto en sus kilómetros iniciales; circunstancia que podría haber tenido solución de haber trasladado la estación de salida a Nonduermas y mantenido el tren Alvia que entró en funcionamiento tras la finalización de las obras de la Variante de Camarillas reduciendo el tiempo del recorrido a tres horas y diez minutos, casi el mismo que el AVE por Alicante, con bastante menos inversión y retraso.

No obstante, la Comisión Europea incluyó en 2013 la línea Cartagena-Albacete dentro de la Red Transeuropea de Transporte como una línea a transformar en ferrocarril de Alta Velocidad y el Ministerio de Transporte ha manifestado en respuesta parlamentaria que el Gobierno de España apuesta por su modernización con duplicación de vía y su electrificación, en coherencia con lo recogido en el Reglamento que desarrolla la RTT.

Pujante siempre tuvo razón en esto.

Plan estratégico 2022-2027

Se ha venido arriba López Miras en la presentación del Plan Estratégico de la Región de Murcia para el periodo 2022-2027 al anunciar que el cumplimiento de las 370 medidas que lo integran a través de la inversión de los 4.430 millones que lo acompañan convertirá a la Región de Murcia ‘en el motor del progreso de España’: «Nada podrá pararnos».

Sin embargo, el espejismo se rompe pronto cuando se analiza, siquiera someramente, el Plan Estratégico 2014-2020 que acaba de finalizar, cuyo periodo de ejecución corresponde principalmente al mandato de López Miras; entonces caes en la cuenta de la capacidad de gestión de quien ahora anuncia la luna.

Así, la mayoría de los indicadores en los que se desglosaban las siete líneas estratégicas de dicho Plan no se han cumplido y algunos, incluso, de manera estrepitosa, como, por ejemplo, los relativos al control de la deuda pública y la mejora de su valoración por las principales agencias de calificación. Otros siguen anclados sin apenas mejoría como la ratio entre el PIB per cápita regional y el del conjunto de España, que en 2021 sigue siendo del 81,9%, tan solo un punto más que en 2012 (80,9%) y lejos del 90% propuesto como meta, lo que da una idea general del éxito del Plan Estratégico que acaba de finalizar.

Y otros, como las inversiones en infraestructuras, que constituyen siempre el capítulo más significativo y a las que se apela en el nuevo Plan como elementos indispensables para mejorar la productividad empresarial y el desarrollo turístico, resulta que solo se ejecutaron en un 28%.

Con estos antecedentes (son solo una muestra) hará falta algo más que una soflama electoralista, no ya para alcanzar las metas del nuevo Plan Estratégico 2022-2027, sino para transformar la realidad de una región que sigue manteniendo, en 2021, los terceros salarios medios y pensiones medias más bajos del país; que sigue soportando altas tasas de personas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social superiores a la media estatal; que sigue teniendo el peor sistema sanitario (ADSP) y de servicios sociales del conjunto de las CCAA (AEGDSS) y que sufre un deterioro medioambiental escandaloso desde hace décadas.

Por cierto, ¿no sería un buen objetivo estratégico no ser la Región con más convenios colectivos sin renovar, dejando atrás el vergonzoso récord de tener el convenio colectivo sin renovación más longevo del país, el de la hostelería?

Cinismo, puro cinismo

Sorprendentes las declaraciones del exministro Margallo en su visita a Cartagena este fin de semana en las que puso como ejemplo de buen gobierno en España el régimen corrupto y caciquil surgido de la Restauración de 1875; con estos referentes se entiende mucho mejor lo de la Gürtel, de tradición les viene, por si quedaba alguna duda.

Igual o más sorprendente ha sido Mabel Campuzano, consejera de Educación, con su artículo sobre el momento crucial que atraviesa la Educación en España cuyo contenido, filípicas anti Sánchez aparte, merece ser puntualizado.

Dice la consejera que «el Gobierno regional realiza todos los esfuerzos posibles para mejorar esta área fundamental»m debe ser por eso que sigue sin atender ninguna de las reivindicaciones que han motivado las movilizaciones sindicales de las últimas semanas.

«Afrontamos una bajada estructural y progresiva de las ratios de alumnos por aula», añade la consejera; sin embargo, no explica que esta bajada se refiere a la ratio media ni que se produce por el descenso natural de la natalidad sin que exista un plan para actuar sobre aquellos centros con aulas sobrepasadas de ratio, y menos para avanzar en una bajada generalizada en todas las etapas.

Resalta también Mabel Campuzano el emprendimiento de un «ambicioso plan de mejora de las infraestructuras» educativas; sin embargo, de los 49 millones presupuestados en el tiempo que lleva de consejera solo ha ejecutado 14,6 millones (29,8%).

Sobre su «apuesta por la FP» le falta añadir el término privada-concertada, a tenor de la ratificación hasta 2029 de la eliminación del requisito para concertar nuevos Ciclos Formativos que obligaba a que el Ciclo en cuestión se estuviese impartiendo previamente, lo que significa dejar el desarrollo de la planificación y la planificación misma de esta etapa educativa en manos de la patronal privada.

Sobre «la atención a la diversidad y la inclusión educativa» debería explicar por qué se mantienen las altas ratios en la atención a alumnos/as con necesidades educativas especiales que impusieron los recortes de 2012, no se cubren durante años plazas de Auxiliares Técnicos Educativos y se reduce a la mitad la partida presupuestaria de Educación Compensatoria, amén de la falta de orientadores en los centros educativos.

¿Qué decir de los currículums ‘rigurosos’ todavía sin aprobar en los casos de Secundaria y Bachillerato o del retraso en la aplicación de la ley de gratuidad de libros de texto y material escolar?

Cinismo, puro cinismo.

Presupuestos CARM 2023: más de lo mismo

Se tramitan los Presupuestos Generales de la CARM para 2023 en la Asamblea Regional de nuevo con retraso, esta vez por los cambios de última hora en la Consejería de Salud para frenar la ola de protestas, huelga de médicos incluida, que se avecinaba por la situación calamitosa de la Atención Primaria y de las listas de espera, y con el horizonte para su aprobación en el 31 de diciembre para que la eliminación del Impuesto de Patrimonio entre en vigor con el año fiscal. Todo lo cual ha derivado en la comparecencia exprés de los ocho consejeros/as sin apenas tiempo para el análisis sosegado y el debate en profundidad de su contenido.

Un presupuesto que prevé, por una parte, una deuda en 2023 de 11.345 millones cuando en el segundo trimestre de 2022 ya alcanzó los 11.587 millones de euros (BE) y, por otra, unas rebajas fiscales de 379 millones a cargo de la supresión del Impuesto de Patrimonio, la rebaja del IRPF y las bonificaciones al impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Por lo demás, un presupuesto continuista en Educación que, salvo la subida salarial de los funcionarios y el incremento del 10,5% al presupuesto de la privada concertada (305,4 millones), presenta pocas novedades, dejando de nuevo a un lado las reivindicaciones sindicales que han motivado la huelga del profesorado.

Isabel Franco también añade su sello a los presupuestos congelando, otra vez y en tiempos de crisis, el presupuesto de dependencia y de la Renta Básica y abriendo la puerta al aumento de la privatización de la Atención Temprana; por algo ostentamos el índice de desarrollo de los Servicios Sociales más bajo de España según la AEDGSS.

Pero si hay algo que López Miras repetirá sin descanso durante el tiempo electoral que se aproxima es la inversión de 108 millones en ‘actuaciones en el Mar Menor’, así reza el título aunque muchas de ellas nada tengan que ver con la recuperación de la laguna, tales como inversiones en carreteras o la construcción de un aparcamiento disuasorio.

Una inversión que incrementa un 27% los 85 millones de 2022 de los que, hasta 31 de octubre, estaban sin ejecutar, al menos, más del 63%. No obstante, buena parte de las ejecutadas o en vía de ejecución costaría mucho catalogarlas, para alguien que no fuera López Miras, de ‘actuaciones en el Mar Menor’.

𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀 𝐂𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐄𝐄𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐘𝐔𝐍𝐓𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐌𝐔𝐋𝐀 𝐀𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐍 𝐌Á𝐒 𝐃𝐄 𝟔𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎€ 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐑𝐂𝐄𝐑 𝐓𝐑𝐈𝐌𝐄𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐄𝐒𝐓𝐄 𝐀Ñ𝐎 𝐘 𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐈𝐎𝐃𝐎 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐆𝐎 𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐄𝐄𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐒𝐔𝐁𝐄 𝐀 𝟏𝟒𝟎 𝐃Í𝐀𝐒.

La ley establece 30 días como plazo máximo para abonar la deuda a los proveedores desde la presentación de las correspondientes facturas.

Antonio Moreno hizo pregunta sobre la publicación de estos datos en el portal de transparencia durante la celebración del pleno el pasado mes de octubre en el turno de ruegos y preguntas ya que se desconocía esta información. Ante esto, el Alcalde contestó que el periodo medio de pago a proveedores se situaba en menos de 100 días, presumiendo de ello. La reciente publicación de los datos contradice tal afirmación ya que sitúa la deuda total con proveedores en 2.374.079,89€ y el periodo medio de pago en 140 días al finalizar el tercer trimestre. Ante esto nos preocupan las razones que ocasionaron este dato erróneo y son:

-Que el alcalde desconozca los datos reales de la deuda con proveedores, hecho este que nos preocupa de modo alarmante.

-Que conozca los datos y mienta al decirlos, hecho este que no contemplamos.

Reducir el PMPP (Periodo medio de pago a proveedores) debe ser prioridad en la gestión económica de un ayuntamiento ya que supone un lastre económico para los pequeños proveedores, autónomos y pequeñas empresas que prestan servicios al concejo municipal o suministran bienes. Creemos que debemos centrar la política económica de este gobierno socialista en atender y cubrir las necesidades principales de su población y una de estas consiste en pagarles lo que se les debe en plazo (30 días).

𝘔á𝘴 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤𝘪ó𝘯: 𝘈𝘯𝘵𝘰𝘯𝘪𝘰 𝘔𝘰𝘳𝘦𝘯𝘰 𝘎𝘪𝘭, 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘫𝘢𝘭 𝘺 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘷𝘰𝘻 𝘥𝘦 𝘐𝘜 𝘝𝘦𝘳𝘥𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘈𝘺𝘶𝘯𝘵𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘔𝘶𝘭𝘢 𝘢𝘯𝘵𝘰𝘯𝘪𝘰𝘮𝘰𝘳𝘦𝘯𝘰𝘨𝘪𝘭𝘮𝘶𝘭𝘢@𝘨𝘮𝘢𝘪𝘭.𝘤𝘰𝘮

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