Presupuestos CARM 2023: más de lo mismo
Se tramitan los Presupuestos Generales de la CARM para 2023 en la Asamblea Regional de nuevo con retraso, esta vez por los cambios de última hora en la Consejería de Salud para frenar la ola de protestas, huelga de médicos incluida, que se avecinaba por la situación calamitosa de la Atención Primaria y de las listas de espera, y con el horizonte para su aprobación en el 31 de diciembre para que la eliminación del Impuesto de Patrimonio entre en vigor con el año fiscal. Todo lo cual ha derivado en la comparecencia exprés de los ocho consejeros/as sin apenas tiempo para el análisis sosegado y el debate en profundidad de su contenido.
Un presupuesto que prevé, por una parte, una deuda en 2023 de 11.345 millones cuando en el segundo trimestre de 2022 ya alcanzó los 11.587 millones de euros (BE) y, por otra, unas rebajas fiscales de 379 millones a cargo de la supresión del Impuesto de Patrimonio, la rebaja del IRPF y las bonificaciones al impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Por lo demás, un presupuesto continuista en Educación que, salvo la subida salarial de los funcionarios y el incremento del 10,5% al presupuesto de la privada concertada (305,4 millones), presenta pocas novedades, dejando de nuevo a un lado las reivindicaciones sindicales que han motivado la huelga del profesorado.
Isabel Franco también añade su sello a los presupuestos congelando, otra vez y en tiempos de crisis, el presupuesto de dependencia y de la Renta Básica y abriendo la puerta al aumento de la privatización de la Atención Temprana; por algo ostentamos el índice de desarrollo de los Servicios Sociales más bajo de España según la AEDGSS.
Pero si hay algo que López Miras repetirá sin descanso durante el tiempo electoral que se aproxima es la inversión de 108 millones en ‘actuaciones en el Mar Menor’, así reza el título aunque muchas de ellas nada tengan que ver con la recuperación de la laguna, tales como inversiones en carreteras o la construcción de un aparcamiento disuasorio.
Una inversión que incrementa un 27% los 85 millones de 2022 de los que, hasta 31 de octubre, estaban sin ejecutar, al menos, más del 63%. No obstante, buena parte de las ejecutadas o en vía de ejecución costaría mucho catalogarlas, para alguien que no fuera López Miras, de ‘actuaciones en el Mar Menor’.