Izquierda Unida de Mula se opone
a la prórroga de la concesión del servicio de suministro de agua potable que el
Pleno del Ayuntamiento aprobó en su sesión de este martes pasado. Como
manifestó la portavoz de su Grupo Municipal, no se esperaba que el gobierno
municipal adoptara una decisión tan temprana respecto a la gestión de este
servicio, cuando aún faltan tres años para la conclusión del contrato con FCC
Aqualia, la concesionaria que lo gestiona desde 1982. Inma López reprochó al
alcalde que no se estudiara la posibilidad de rescatar este servicio para una
futura gestión directa por parte del ayuntamiento. También mostró su sorpresa
por el giro inesperado del gobierno socialista y lo considera una deslealtad
con la línea mantenida por su propio grupo político que ya, años atrás,
recuperó para la gestión pública el servicio de recogida de basuras y limpieza
viaria. La remunicipalización de los servicios públicos ha representado el
principal punto de encuentro entre los grupos socialista y de Izquierda Unida,
rompiéndose con esta decisión la sintonía aparente que existía sobre este tema.
Inma López puso de relieve el importante ahorro que la gestión directa de la
recogida de basuras ha reportado al ayuntamiento desde su remunicipalización, a
razón de 350 mil euros anuales, y que, en cambio, se tome esta decisión
respecto al servicio de aguas sin haber hecho un estudio previo sobre el
coste-beneficio de su gestión directa, tal y como venía reclamando.
Hace poco más de un año que, a
raíz de un informe jurídico elaborado por Izquierda Unida, se concluyó por
parte del ayuntamiento que las sucesivas prórrogas del contrato de FCC Aqualia,
con una duración inicial de 10 años solamente, eran ilegales, y, por tanto,
nulas; pero, a pesar de ello, este se prorrogó de forma irregular hasta el
2022. Ahora, con la tercera prórroga aprobada, se alargará hasta el 2027. En
total serán 45 años de concesión sin haber sacado el contrato a concurso
público, algo absolutamente irregular según los expertos. Izquierda Unida
achaca esta situación a las puertas giratorias existentes desde hace muchos
años entre la empresa FCC Aqualia y el gobierno municipal. El alcalde actual y,
más recientemente, su hermano, diputado regional, ha sido trabajadores de FCC
Aqualia antes de ostentar sus respectivos cargos políticos.
Frente a la principal razón
esgrimida por el grupo socialista para prorrogar el contrato – la deuda
generada con la empresa a consecuencia de la cláusula introducida en el 2002
sobre desequilibrio de aguas industriales que, desde que cerró Cofrusa hace más
de año y medio, ha elevado el importe de la subvención que el ayuntamiento
tiene que pagar a la empresa a 250 mil euros anuales-, Izquierda Unida defiende
la total ilegalidad de esta y, en consecuencia, que es la empresa la que tiene
una deuda con las arcas municipales que ronda el millón y medio de euros.
Izquierda Unida sostiene que el ayuntamiento debió desmarcarse de esta cláusula
desde el momento que tuvo conocimiento de su ilegalidad y reclamar a FCC Aqualia
todo lo percibido por este concepto. Posición totalmente discrepante con la que
mantiene el grupo socialista, que con la aprobación de esta prórroga le ha
reconocido una deuda a la empresa de 350 mil euros que en realidad es
inexistente, puesto que, aún sosteniendo la hipótesis de que la cláusula fuera
legal, desde que Cofrusa cerró definitivamente esto viene a suponer de facto
que el ayuntamiento paga por un servicio que no se está prestando al
municipio, razón por la cual la cláusula
sobre desequilibrio industrial es inaplicable.
Izquierda Unida anuncia que
emprenderá acciones legales contra el acuerdo adoptado.
