NOTA DE PRENSA

Izquierda Unida de Mula se opone a la prórroga de la concesión del servicio de suministro de agua potable que el Pleno del Ayuntamiento aprobó en su sesión de este martes pasado. Como manifestó la portavoz de su Grupo Municipal, no se esperaba que el gobierno municipal adoptara una decisión tan temprana respecto a la gestión de este servicio, cuando aún faltan tres años para la conclusión del contrato con FCC Aqualia, la concesionaria que lo gestiona desde 1982. Inma López reprochó al alcalde que no se estudiara la posibilidad de rescatar este servicio para una futura gestión directa por parte del ayuntamiento. También mostró su sorpresa por el giro inesperado del gobierno socialista y lo considera una deslealtad con la línea mantenida por su propio grupo político que ya, años atrás, recuperó para la gestión pública el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. La remunicipalización de los servicios públicos ha representado el principal punto de encuentro entre los grupos socialista y de Izquierda Unida, rompiéndose con esta decisión la sintonía aparente que existía sobre este tema. Inma López puso de relieve el importante ahorro que la gestión directa de la recogida de basuras ha reportado al ayuntamiento desde su remunicipalización, a razón de 350 mil euros anuales, y que, en cambio, se tome esta decisión respecto al servicio de aguas sin haber hecho un estudio previo sobre el coste-beneficio de su gestión directa, tal y como venía reclamando.

Hace poco más de un año que, a raíz de un informe jurídico elaborado por Izquierda Unida, se concluyó por parte del ayuntamiento que las sucesivas prórrogas del contrato de FCC Aqualia, con una duración inicial de 10 años solamente, eran ilegales, y, por tanto, nulas; pero, a pesar de ello, este se prorrogó de forma irregular hasta el 2022. Ahora, con la tercera prórroga aprobada, se alargará hasta el 2027. En total serán 45 años de concesión sin haber sacado el contrato a concurso público, algo absolutamente irregular según los expertos. Izquierda Unida achaca esta situación a las puertas giratorias existentes desde hace muchos años entre la empresa FCC Aqualia y el gobierno municipal. El alcalde actual y, más recientemente, su hermano, diputado regional, ha sido trabajadores de FCC Aqualia antes de ostentar sus respectivos cargos políticos.

Frente a la principal razón esgrimida por el grupo socialista para prorrogar el contrato – la deuda generada con la empresa a consecuencia de la cláusula introducida en el 2002 sobre desequilibrio de aguas industriales que, desde que cerró Cofrusa hace más de año y medio, ha elevado el importe de la subvención que el ayuntamiento tiene que pagar a la empresa a 250 mil euros anuales-, Izquierda Unida defiende la total ilegalidad de esta y, en consecuencia, que es la empresa la que tiene una deuda con las arcas municipales que ronda el millón y medio de euros. Izquierda Unida sostiene que el ayuntamiento debió desmarcarse de esta cláusula desde el momento que tuvo conocimiento de su ilegalidad y reclamar a FCC Aqualia todo lo percibido por este concepto. Posición totalmente discrepante con la que mantiene el grupo socialista, que con la aprobación de esta prórroga le ha reconocido una deuda a la empresa de 350 mil euros que en realidad es inexistente, puesto que, aún sosteniendo la hipótesis de que la cláusula fuera legal, desde que Cofrusa cerró definitivamente esto viene a suponer de facto que el ayuntamiento paga por un servicio que no se está prestando al municipio,  razón por la cual la cláusula sobre desequilibrio industrial es inaplicable.  

Izquierda Unida anuncia que emprenderá acciones legales contra el acuerdo adoptado.